La Contrarreforma de la ley de extranjeria

Es paradójico que en un momento socio histórico en el que se apuesta por la libertad de comercio, la libertad de mercado, las autopistas de la información, en definitiva por la mundialización y la globalización, la libertad de la persona humana a desplazarse por su territorio, el planeta tierra, jamás haya estado tan limitada y restringida.

 ¿En un mundo que camina hacia la creación de espacios interestatales cada vez más amplios, podemos seguir manteniendo las políticas de cierre de fronteras? ¿La apertura favorece o dificulta la regulación de los flujos migratorios? ¿La inmigración pone en peligro la cohesión social y el empleo de los nacionales? ¿Es moralmente aceptable restringir el derecho de cualquier persona a buscar y establecerse en espacios más favorables para el desarrollo humano?

Son estas cuestiones de evidente trascendencia que se encuentran en el fondo de las, en mi criterio, erróneas motivaciones de la contrarreforma de la vigente Ley de Extranjería L.O. 4/2000 y cuyo debate debería haber sido previo a comenzar cualquier movimiento legislativo de reforma.

Desde hace algunas semanas venimos asistiendo a un auténtico bombardeo de declaraciones y noticias, tendenciosamente presentadas, cuyo objetivo sería justificar la modificación de la actual Ley 4/2000. Poco importa la inconsistencia de los argumentos o la exageración demagógica de los acontecimientos. Todo es válido para crear una opinión publica favorable a la reforma de una Ley a la que apenas se le ha dado la posibilidad de desarrollarse reglamentariamente y que pasará a los anales legislativos como la Ley Orgánica más breve de la legislatura democrática española desde 1975.

 Que nadie se llame a engaño, la contrarreforma emprendida por el Gobierno significa un regreso a la vieja Ley de extranjería de 1985. Su contenido coincide con las enmiendas que el Ministerio del Interior introdujo en el mes de diciembre pasado en el debate parlamentario, con algunas pequeñas concesiones a los nacionalistas canarios y catalanes: y la suavización de las aristas más agudas que hubieran dado lugar a un amplio

movimiento de recursos ante el Tribunal Constitucional y que tienen como objetivo hacer la reforma digerible a los sectores más reticentes.

El texto diseña una política de cierre de fronteras todavía más restictiva que generará, pues la presión migratoria no depende de los controles,.unos crecientes intentos de penetración ilegal ante la dificultad-imposibilidad de obtener visados y hacerlo legalmente, y el inevitable surgimiento de mafias organizadas que tratarán de superar tales controles. Se dificulta la movilidad y se fomenta la irregularidad, pues quien ha logrado penetrar en la fortaleza, legal o ilegalmente dificilmente saldrá si se tiene en cuenta la casi imposibilidad de regresar.

Es urgente debatir la opción cierre-apertura, más o menos controlada de fronteras .La realidad socio histórica más próxima nos demuestra que una política más flexible de control de fronteras no conduce a un incremento insoportable del flujo de inmigrantes irregulares. Por el contrario la experiencia en centro Europa (Chequia, Polonia, Hungría)

pero también en el Sur (España, Grecia, Portugal) muestran que a una apertura y flexibilización de los controles se sigue una situación de mayor movilidad de los desplazamientos migratorios, una tendencia a un mayor número de residentes temporales, a una disminución de la residencia permanente y desde luego a un aumento de la regularidad documental.

Los datos de estos últimos quince años nos dicen que el flujo migratorio no ha descendido pese al mayor control de las fronteras. Lo que si ha habido es un incremento notable de las situaciones de irregularidad administrativas generadas por una política de visados y permisos poco razonable y rígida.

Se habla de integración social de los inmigrantes, pero solo referido a los inmigrantes residentes legales. Sin embargo, el problema fundamental no es el de los residentes con papeles, el escollo fundamental para el desarrollo de una política convenientemente integradora es precisamente tratar de eliminar la irregularidad.

Las asociaciones de empresarios, así como los estudios de los consorcios bancarios señalan la necesidad de mano de obra inmigrante en número mucho mayor al hasta ahora fijado por el gobierno en los contingentes anuales; sin embargo se somete la contratación a unos controles administrativos que resultan insoportables para cualquier economía de mercado. Una cosa es facilitar, organizar la llegada de trabajadores extranjeros, mediante políticas de cuotas nacionales y otra muy distinta limitar el derecho de las empresas a contratar aquel personal que entienda más adecuado para sus intereses empresariales.

Así, nos encontramos con amplios sectores económicos carentes de mano de obra adecuada e imposibilitados de completarla con trabajadores extranjeros como consecuencia de la rigidez del control administrativo y una supuesta protección de la situación nacional de empleo. Todo ello produce contratación irregular, con un elevado coste social y un aporte público prácticamente nulo. Las necesidades empresariales y del mercado laboral exigen la inmediatez de la contratación, sin dilaciones y controles inútiles.

Se achaca al incremento de inmigrantes un supuesto aumento del desempleo, pero la realidad socio laboral española demuestra la no dependencia automática de tales factores. En efecto, España en el año 1985, en que empieza a notarse el flujo inmigratorio, contaba con una tasa de desempleo del 24 por 100. En la actualidad, con un notable incremento del número de inmigrantes, el paro ha descendido a un 9 por 100 y continuará descendiendo pese al seguro incremento de inmigrantes.

Ello evidencia algo que ya se había demostrado en países que ya fueron sometidos a un flujo inmigratorio importante: Suiza, Alemania, Francia y otros, la existencia de una segmentación laboral entre trabajadores nacionales y extranjeros consecuencia de la impermeabilidad y escasa comunicabilidad del empleo nacional y extranjero.

Finalmente, no puede ignorarse que el fenómeno migratorio es también un fenómeno global que afecta a los 5 continentes. Es cierto, que los flujos migratorios hacia Europa han aumentado espectacularmente tras el parón de los años 70. Pero, también es cierto que las migraciones internacionales son -y parece que continuarán siendo -principalmente interregionales. Los flujos hacia las zonas más desarrolladas (Europa Occidental, Australia o América del Norte) son minoritarias si las comparamos con los flujos en los llamados países del sur.

Por ello no parece lícito argumentar con el peligro de la invasión cuando en realidad es una porción pequeña de personas, porcentualmente hablando, aunque creciente, la que actualmente se dirige desde el sur a Europa. Lo que si hay que tener en cuenta es que el fenómeno de la migración es un proceso global cuya carga más importante es sostenida paradójicamente por los países del sur, y que por consiguiente a todos nos corresponde pensar en su solución, no parcial, sino global. Deben destacarse la importancia de las políticas de ayuda al desarrollo como reguladoras de flujos migratorios. Pero es conveniente no olvidar que solo un cambio de las actuales estructuras socioeconómicas globales permitirá actuar sobre las tendencias que impulsan a las personas a emigrar. Solo de esta manera se conseguirá disminuir el flujo migratorio como necesidad vital de búsqueda de unas condiciones dignas de vida humana.

Desde sectores ideológicamente tan dispares como el Vaticano, o Movimientos sociales y políticos progresistas se extiende la idea de la necesidad de pensar un mundo no sometido a los restrictivos límites estatales y la necesidad de extender, no solo de palabra la universalidad de los derechos humanos, entre los que sin duda se encuentra el derecho a la libertad de desplazamiento, no solo en el interior de las fronteras estatales, sino el de traspasar de dichas fronteras.

Si ello es así, no es realista, ni políticamente correcto, ni moralmente aceptable, una regulación y control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre de fronteras y una concepción muy restrictiva de los derechos de las personas.